Compras públicas verdes – ¿Estamos haciendo lo que nos marcó Europa?

La Comisión Europea define la Compra y Contratación Pública Verde como: “un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir productos, servicios y obras con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros productos, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar.» 

En Europa, el gasto del sector público es de aproximadamente 2 billones de euros, equivalente a un 19% del PIB de la Unión Europea. Aplicando criterios de compra y contratación pública verde e innovadora, las administraciones públicas pueden usar su poder de compra de forma estratégica. Tras casi 20 años de un marco regulatorio, nuevas reglas y pautas, el avance es desigual tanto en la UE como en España. 

¿Cómo avanza Europa? 

El último informe publicado por el Ejecutivo europeo revela que apenas siete países (Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido) cumplen en mayor medida con estas consideraciones. Los objetivos climáticos se han endurecido en los últimos años, no solo en Europa, si no a nivel global y la meta europea de neutralidad de carbono en 2050 requiere de un fuerte compromiso por parte de los países miembros. 

El caso de España 

España en este sentido está muy atrasada. En 2005 tuvo que acatar un mandato de la UE porque permitía el uso de palabra bío en productos sin certificación de agricultura ecológica. Ante este escenario, en el año 2019, el Gobierno aprobó un nuevo Plan de Contratación Pública Ecológica, también voluntario y con una vigencia de siete años, hasta 2025. 

Este plan pretende: 

  • Promover la adquisición por la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental 
  • Servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía circular 
  • Garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos 
  • Promover cláusulas medioambientales en la contratación pública 
  • Dar publicidad sobre las posibilidades que ofrece el marco jurídico de la contratación pública ecológica.  

Se hará un seguimiento bienal del plan. La publicación de un informe sobre el grado de cumplimiento de dichos criterios en los contratos formalizados por cada organismo. Estos resultados se publicarán en la web del Miteco. 

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